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sábado, 15 de febrero de 2014

Foro por la Vida exige a funcionarios del Estado y dirigentes políticos enfrentar crisis con pleno respeto a la Constitución

(Caracas, 15.02.14) Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida”, expresamos nuestra profunda preocupación ante diversas acciones represivas del Estado venezolano en el contexto de las manifestaciones estudiantiles que se han realizado en los últimos días en diversas regiones de Venezuela.

El Estado está en el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos, de investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado.

Si bien las organizaciones que suscribimos este comunicado reconocemos la obligación del Estado de mantener el orden público, debemos recordar firmemente que esta responsabilidad  debe realizarse en estricto cumplimiento  de nuestra Constitución  y de los estándares internacionales en esta materia, tal y como  se ha establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas.

Todas las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo establece el artículo  332 de nuestra Constitución: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.

El Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes operativos de control del orden público al establecimiento del orden, disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza, manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial,respetando y garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas, elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional  del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución.

Las organizaciones de derechos humanos queremos ratificar el derecho que tienen todas las personas de ejercer su derecho a la manifestación de manera pacífica, tal como se encuentra consagrado en el artículo 68 de la CRBV. Rechazamos las pretensiones del primer mandatario de condicionar su ejercicio a la obtención de un "permiso" gubernamental, requisito que contradice la Constitución y las normativas vigentes, como la Ley de Partidos Políticos, reuniones y manifestaciones públicas, así como la interpretación de la normativa internacional realizada por la Organización de Naciones Unidas.

En consecuencia, rechazamos la política de criminalización de la protesta profundizada tras los acontecimientos del 12 de febrero de 2014, los cuales incluyen la presencia de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) armados en las manifestaciones, el uso de cuerpos parapoliciales para disuadir o disolver las manifestaciones con armas de fuego, el uso de sustancias tóxicas prohibidas en la manifestación, la detención arbitraria de centenares de personas, las humillaciones y maltratos recibidas por las personas privadas de libertad, la no información a sus familiares sobre el sitio y las condiciones de su retención, la incomunicación de manifestantes detenidos y la aplicación para un sector de los detenidos de regímenes de presentación en tribunales. El Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de todas las personas que deseen manifestar tanto su apoyo como cuestionamientos a las políticas oficiales. Asimismo, debe investigar y sancionar a los responsables de los tres asesinatos ocurridos en el contexto de las manifestaciones del pasado 12 de febrero.

La ausencia de información en los contextos de manifestaciones masivas contribuye a generar incertidumbre y afecta sustantivamente el derecho a la información. La política sistemática de restricciones a la libertad de expresión contribuye al efecto de silenciar y censurar  las informaciones y a sostener la autocensura y el miedo. Especialmente grave es la práctica de los funcionarios policiales y militares de censurar imágenes obtenidas por reporteros y ciudadanos o decomisar ilegalmente equipos de fotografía y video. Muchas veces estos hechos ocurren en el contexto de la represión a manifestantes o ciudadanos.

La progresiva descalificación, represión y criminalización de las manifestaciones es signo inequívoco de la desinstitucionalización del Estado venezolano que violenta las garantías de este derecho. Las personas se movilizan ante la ausencia de respuestas en las instituciones y son obligadas a reivindicar derechos en las calles. Pretender acallar y castigar las manifestaciones es una práctica que castiga doblemente a quienes se siente marginalizados por el Estado.

Las ONGs recordamos a las autoridades que tienen el deber  de investigar de oficio y de manera inmediata la posible comisión del delito de tortura, el cual es un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible.  Asimismo, instamos al Estado al estricto cumplimiento del deber de identificar, ubicar plenamente a las personas detenidas y darles a acceso inmediato a sus abogados y familiares y mantener a los detenidos  en sitios legales de detención. El incumplimiento de estos preceptos y principios configura el crimen de desaparición forzada de personas, expresamente prohibido por nuestra Constitución y el cual, también, constituye un crimen de lesa humanidad de carácter imprescriptible.

Las ONGs  expresamos públicamente nuestro firme rechazo al manejo totalmente inadecuado por parte de altos voceros del Poder Ejecutivo sobre las evidencias que se han recabado en los procesos de investigación que deberían estar conducidos  únicamente por el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes. Con la presentación de esta información ante los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, se han violado los estándares mínimos de investigación a que obligan el debido proceso y las garantías judiciales. Al mostrarse públicamente, tal y como lo hicieron el día jueves 13 de febrero, el Gobernador del Estado Aragua y el Sr. Presidente de la República,  posibles armas utilizadas por los presuntos responsables de los crímenes, resultados balísticos o planimétricos,  expresamente se ha roto la cadena de custodia de pruebas fundamentales en casos de investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos.[1]

Asimismo, las ONGs vemos con especial preocupación la postura claramente prejuiciada a muy poco tiempo de haber ocurrido los hechos frente a la sede del Ministerio Público, que ha manifestado públicamente la Fiscal General de la República, acompañada del Ministro del Interior, Justicia y Paz y el Alcalde del Municipio Libertador. En los actuales momentos, el país vive una acentuada polarización y violencia, y por ello la legitimidad y credibilidad sobre las decisiones que se produzcan y que las mismas correspondan a la aplicación objetiva de la justicia es un elemento enormemente pacificador y conciliador.

Por ello, creemos que dado que la Fiscal General se ha considerado víctima por las presuntas agresiones cometidas en contra de su Despacho, ha calificado los hechos antes de producirse las investigaciones y se ha inclinado a una parcialidad, casi automáticamente, al determinar algunas responsabilidades en los mismos, abandonando la obligación que por principios se deriva de su mandato de actuar de manera independiente del Poder Ejecutivo y de otros poderes del Estado y de ser garante del debido proceso y de las garantías judiciales. El Estado venezolano debe dar plena garantía de una investigación independiente, objetiva y transparente de los graves hechos acaecidos el pasado 12 de febrero.

Finalmente, consideramos inaceptable el silencio de la Defensoría del Pueblo ante los graves hechos descritos y exigimos el cumplimiento de sus obligaciones de “velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos”, tal como lo establece el artículo 281 de la Constitución Nacional.   

Por la Vocería del Foro por la Vida:
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Caritas Los Teques
PROVEA



martes, 11 de febrero de 2014

A casi 25 años del Caracazo exhortamos al gobierno a controlar el orden público con pleno respeto a los DDHH



(Caracas, 11.02.14) Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida”, expresamos con preocupación la manera como se viene generando progresivamente un cerco a la protesta pacífica en Venezuela. Una política de Estado que, a través de un marco jurídico cada vez más restrictivo, transforma en delito el ejercicio de los derechos constitucionales a la manifestación y a la huelga. Se suma a ello  actuaciones para controlar el orden público reñidas con la Constitución y los derechos humanos.
En el  marco de esa política existe una instrumentalización de los Poderes Públicos, principalmente el Poder Judicial, para iniciar procesos judiciales contra luchadores sociales. Actualmente más de 3000 personas se encuentran sometidos a procesos penales algunos de ellos incluso procesados en la justicia militar en violación al derecho al juez natural. Además de criminalizar el ejercicio de derechos, los tribunales están siendo utilizados para castigar incluso la opinión disidente dentro del sector oficialista, como lo demuestran los casos denunciados de retaliación política contra Huma Rosario y Benito Flores (Trujillo), Fidel Palma (El Tocuyo), Numa Rojas (Maturín) y Robert Ramos (Mérida), a quienes no se les garantizó su derecho a la defensa, violando el debido proceso.
De ese conjunto de personas criminalizadas por ejercer derechos más de 40 han sido encarceladas en los últimos cinco años, algunos de ellos como el sindicalista Rubén González Secretario General de Sintraferrominera quien estuvo preso 17 meses, cinco sindicalistas procesados en la justicia militar encarcelados cuatro meses en 2013  y en los últimos 15 días se impuso pena de prisión a 13 manifestantes.
Algunas personas sometidas a régimen de presentación llevan más de siete años con libertad restringida como es el  caso de 11 sindicalistas de la empresa transporte Camila en el estado Bolívar o estudiantes de las manifestaciones contra el cierre de radio Caracas. Otros, como los 5 capitanes pemones del municipio Gran Sabana, están siendo juzgados inconstitucionalmente por la jurisdicción militar.
Resulta igualmente preocupante la creciente imputación de manifestantes por supuestos delitos asociados con terrorismo, pues constituye un etiquetamiento inaceptable que pretende amedrentar mediante el incremento desproporcionado de posibles sanciones penales. Toda esta política de Estado que criminaliza el derecho a exigir derechos viene acompañada, en algunas oportunidades, con prácticas policiales y militares de controlar el orden público de manera contraria al mandato constitucional produciendo variadas violaciones a los derechos humanos.
Aún cuando la Constitución en el artículo 68  establece la prohibición del uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, cuerpos armados del Estado continúan usando armas de fuego y gases lacrimógenos para controlar manifestaciones. En consecuencia en los últimos cinco años cinco manifestantes fueron asesinados por policías o militares  en el contexto de manifestaciones. En este sentido, de violación de las garantías presentes en la Carta Magna, se encuentra la iniciativa aprobada por el gobernador del estado Carabobo, Franciso Ameliach, de prohibir las manifestaciones en el centro de Valencia, argumentando protección del patrimonio histórico.
A pesar de la retórica sobre la sanción a los delitos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, queremos recordar que luego de casi 25 años de los hechos del Caracazo, en los tribunales venezolanos no hay ninguna sentencia condenatoria de carácter definitivo que haya determinado responsabilidades penales por las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas en esos días. Tampoco, las autoridades han realizado los procedimientos técnicos de carácter independiente para identificar plenamente los restos de las víctimas aún no entregados a sus familiares, ni se han cumplido la mayoría de las garantías de no repetición establecidas en este caso por  la Corte Interamericana en su sentencia de reparaciones dictada hace doce años. Por ello, cuando se aproxima un nuevo aniversario de aquellos lamentables sucesos, exhortamos al Estado venezolano a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente indicó:
“No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de seguridad  pública para violar el derecho a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada196, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal”[1]
- Exhortamos al Ejecutivo Nacional y demás Poderes Públicos a respetar el derecho de las personas a manifestar y ejercer el derecho a la huelga  a no continuar con la política de criminalizar la manifestación pacífica y la huelga.
- Recordamos a los y las manifestantes que el ejercicio del derecho a la manifestación y la huelga deben realizarse de manera pacífica
- Exigimos una vez más que se cumpla con el mandato de la Constitución de no usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones y que se investigue y sancionen a los y las funcionarias autores materiales e intelectuales que incumplan con la obligación de actuar en el marco de la Constitución.

Suscriben:
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Acción Solidaria (ACSOL)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Espacio Público
Justicia y Paz Caritas Los Teques
Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas