Comunicados sobre DDHH

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Informes sobre DDHH en Venezuela

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martes, 10 de diciembre de 2013

En el Día de los Derechos Humanos. Foro por la Vida exige al Ejecutivo promover consenso para un Plan Nacional en DDHH

(Caracas, 10.12.13) En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Foro por la vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, desea expresar a la opinión pública lo siguiente:
- A pesar de haber asumido diferentes compromisos en materia de derechos humanos, Venezuela celebra en el 2013 esta fecha con una decisión inconstitucional, como la es el haberse retirado de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectando la protección ante situaciones de atropellos a las garantías fundamentales de los sectores más vulnerables. “Esta decisión del actual Ejecutivo nacional sienta un grave precedente regional y demuestra que carece de la voluntad política en cumplir y hacer valer las garantías establecidas en la Constitución” (Comunicado del Foro por la Vida ante la salida de Venezuela de la CIDH).
- El estancamiento y retroceso de las diferentes políticas públicas en materia de derechos humanos mantienen los problemas estructurales que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y exclusión. El Ejecutivo Nacional no garantiza los diferentes derechos establecidos en la Constitución. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de  los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas privadas de libertad, entre otros
- La criminalización de las  víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acuden a los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos en la búsqueda de respuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos, por cuanto ha agotado los recursos internos y no han logrado justicia en la jurisdicción nacional. Al acudir a las instancias internacionales son criminalizados y, en algunos casos, reciben amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de autoridades del Estado.
- Asimismo la criminalización de la protesta social mediante el uso excesivo de la fuerza, la utilización de leyes que obstaculizan el ejercicio de la manifestación pacífica y coartan otros derechos, como la denominada “Ley Antoterrorista”; los argumentos basados en la doctrina de la “seguridad nacional” que afirma la necesidad de neutralizar a un “enemigo interno” así como presuntas represalias y uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, así como la impunidad en los casos de asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos y sindicales. Esto incluye la utilización de la Fuerza Armada Nacional con el objetivo de controlar los actos de violencia que puedan ocurrir en el contexto de protestas sociales. En tal sentido recordamos lo señalado por la  Comisión Interamericana de Derechos humanos “la protesta social pacífica forma parte del derecho de reunión y es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, por lo cual los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor o defensora sea impedido de reunirse, liderar o participar en una manifestación. Adicionalmente, la Comisión reitera que el control de actos de violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares.” (Comunicado 08 -11-2013)
- Las irregularidades presentes en el Sistema de Administración de Justicia, que incluyen la falta de independencia judicial así como la gran impunidad existente, donde la mayoría de los jueces son suplentes, el proceso de postulación y selección de jueces no es transparente ni apegado a la normativa vigente, lo cual impide la independencia e imparcialidad en los operadores de justicia.
- El no disfrute de los derechos establecidos en el Capítulo VIII de la Carta Magna para las comunidades indígenas del país, las cuales siguen sin ser respetados en su cultura y forma de gobierno,  y en algunos casos se ha criminalizado de autoridades indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios.
- El  impacto que tienen las políticas económicas, la crisis económica y los problemas de abastecimiento de alimentos en la población.
- La grave situación de violencia contra la mujer que existe en el país, evidenciado en el  alto porcentaje de feminicidios que se registran por los problemas de seguridad ciudadana.
- El preocupante menoscabo que atraviesa la salud en Venezuela evidenciado en el deterioro generalizado de los servicios sanitarios, de la infraestructura hospitalaria y su insuficiencia para atender las necesidades de la población; asimismo los servicios prestados en los centros de salud públicos son deficitarios en cuanto a camas, personal médico y abastecimiento de insumos y equipos. Todas las garantías del derecho a la salud señaladas en la Constitución Nacional están siendo sistemáticamente incumplidas por el Ejecutivo, profundizando las desigualdades sociales y la destrucción del sistema público de salud en Venezuela.
- La situación que viven las personas privadas de libertad , donde persisten los graves problemas de insuficiencia de la infraestructura carcelaria, corrupción, hacinamiento,  enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la existencia  de  mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos, las  pugnas de poder y el retardo procesal. Todos ellos se convierten en detonantes de actos violentos que generan muertes en los recintos penitenciarios.
- Las diferentes amenazas al derecho a la libertad de expresión  y el acceso a la información, evidenciado entre otras situaciones en las dificultades y hostilidades que enfrentan los periodistas para cubrir eventos electorales; y el aumento de procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas que difunden temas de interés público.
Ante todo lo anterior, las organizaciones de derechos humanos reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional para establecer mecanismos de diálogo que permitan consensuar un Plan Nacional de Derechos Humanos con metas y compromisos establecidos en el corto, mediano y largo plazo. Creemos que los resultados de las recientes elecciones municipales son una oportunidad para la inclusión de todos los sectores en el diseño de políticas públicas que redunden en un aumento de la calidad de vida para todos y todas las venezolanas, sin distinciones de ningún tipo. Las organizaciones integrantes del Foro por la Vida, algunas de ellas con más de 20 años de trabajo, estamos dispuestas a realizar nuestro aporte para el bienestar de toda la población, especialmente de los sectores más vulnerables.

Por la vocería del Foro por la Vida
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Justicia y Paz Nacional

Programa Venezolano de Educación-Acción por los Derechos Humanos.

lunes, 9 de diciembre de 2013

Mujeres mas allá del 2015. Venezuela no cumplirá las Metas del Milenio

El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres (O.V.D.H.M.) constituido por 45 ONGS  en toda Venezuela y coordinado por el Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM), realizó una consulta vivencial y online sobre la situación de los Objetivos del Milenio en el país
.Los Resultados:
·         La Mortalidad Materna es igual a la de 1990.
      La cantidad de mujeres en cargos de elección popular está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.
      Persisten diferencias salariales entre hombres y mujeres y son mayores entre los que estudian menos.
      Son más los hogares con jefes de hogar mujeres y siguen siendo los más pobres entre los pobres.
      Tenemos el mayor número de madres adolescentes de América Latina.
OBJETIVOS ANALIZADOS POR EL OVDHM
      Objetivo No. 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres.
      Objetivo No. 4: Reducir la mortalidad de los niños.
      Objetivo No. 5: Mejorar la Salud Materna.
      Objetivo No. 6: Combatir el VIH-Sida, la Malaria y otras enfermedades.                         
      Objetivo No. 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre.

¿CÓMO LO VEMOS NOSOTRAS LAS MUJERES ORGANIZADAS EN EL OBSERVATORIO (O.V.D.H.M.)?
Objetivo No. 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
 Resalta:
      La falta de un indicador o variable referida a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
·          La inseguridad es la principal preocupación de quienes vivimos en Venezuela
      Las cifras de homicidios no están desagregadas por sexo
      Cada día aumenta el número de mujeres muertas por violencia (feminicidios), según fuentes no oficiales procedentes de la Medicatura Forense de Caracas, en la Ciudad Capital han muerto 106 mujeres hasta mediados de agosto de 2013.
      Duelo traumático o victimización secundaria de las mujeres y niñas, debido a los altos niveles de inseguridad
      Contexto de impunidad (92% de los crímenes quedan sin ninguna sanción legal) El estándar internacional indica que un país que supere el 35% de impunidad está en emergencia, y en Venezuela el 92% de los delitos no se resuelve.
·         Ejercicio continuo de la Violencia simbólica dirigida a través del discurso político desde las más altas posiciones del poder, cargado de expresiones de violencia y agresión.
·         Aumento de la acción represiva del Estado para controlar la conflictividad social.
·         Ejecuciones y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos que se ocupan de la seguridad ciudadana
·         Venezuela se apartó del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a partir del 10 de septiembre de 2013
      Dificultad en la aplicación de la LOSDMVLV  Falta un Reglamento con los procedimientos específicos.
      Ausencia de estadísticas que permitan conocer la situación de las mujeres y el respeto a sus derechos humanos
      Falta de sensibilización y capacitación sistemática a funcionarios de instituciones que reciben y procesan las denuncias de VCM, generando la re-victimización de la mujer o  su muerte a manos del agresor.
      Rotación de personal, provisionalidad y falta de autonomía para decidir de las y los jueces (Caso Afiuni)
      Obligatoriedad de las mujeres víctimas (y no de los agresores) a ser evaluadas psicológicamente para continuar con los procedimientos legales, barrera discriminatoria para el acceso a la justicia.

Trabajo remunerado:
·         Tendencia a la informalización del trabajo femenino, clasificada en las siguientes categorías y respectivas desventajas:

      Condición de la actividad (la inactividad oculta el desempeño como ama de casa)
      Categoría ocupacional (en la categoría ayudantes no remuneradas)                              
      El lugar en el que se desempeña el trabajo (la vivienda y puestos callejeros)

      Brecha salarial según sexo y años de estudio. Según  cifras de CEPAL ,la participación en el sistema educativo no disminuye la inequidad de género en el acceso al ingreso, aun que la brecha aumenta cuando se tiene menos escolaridad.
      Constantes amenazas a la libertad sindical

CONCLUSION
EL OBJETIVO DEBE EVOLUCIONAR HACIA UNO DE IGUALDAD DE GÉNERO BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS Y ORIENTADO AL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.
DEBE INCLUIR EXPLÍCITAMENTE EL DERECHO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS  A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Resaltamos este Objetivo,  en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres  el 25 de noviembre del 2013 y del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2013, coincidiendo con el planteamiento de ONUMUJERES, organismo de NNUU al cual le fue entregado este informe en su sede de New York.

viernes, 6 de diciembre de 2013

Foro por la Vida expresa su solidaridad con la ONG ecuatoriana Fundación Pachamama

(Caracas, 06.12.13) El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, desea expresar su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano de clausurar mediante un acto administrativo la Fundación Pachamama, en clara violación a los derechos a la libre asociación y la defensa de la dignidad humana expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.


Como ha sido un hecho público, el pasado 04.12.13 funcionarios gubernamentales y policiales se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para “clausurar” sus instalaciones, tras lo cual les informaban que la aplicación de una resolución del Ministerio del Ambiente de ese país mediante el cual se disolvía una organización que desde el año 1997 defiende los derechos humanos, con énfasis en el derecho al ambiente sano.


Un ejemplo del trabajo de la Fundación Pachamama fue el haber formado parte del equipo jurídico que desde el año 2003 llevó el caso de violación de los derechos del pueblo indígena ecuatoriano Sarayacu al realizar exploraciones petroleras en su territorio sin su consentimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En junio de 2012, luego de casi una década de litigio, la Corte IDH declaró que el Estado ecuatoriano era responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además el Estado fue declarado responsable por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de dicha comunidad originaria, lo cual se ha convertido en jurisprudencia para defender los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente.


El Foro por la Vida desea expresar sus palabras de solidaridad tanto al equipo de trabajo de la Fundación Pachamama como a sus múltiples beneficiarios, especialmente a las víctimas y familiares de violación a derechos humanos que han sido asesorados por el trabajo de esta organización no gubernamental. Las organizaciones integrantes de nuestra coalición nos declaramos en solidaridad activa, difundiendo todos los posicionamientos e información de contexto que permitan comprender la gravedad de la decisión tomada por el gobierno de Ecuador. Asimismo, solicitaremos por todas las vías a nuestro alcance que los funcionarios gubernamentales ecuatorianos reviertan una medida que viola diferentes principios y pactos internacionales en materia de protección a los derechos humanos, y que se convierte en un preocupante precedente para toda la región.


Por el Foro por la Vida:


Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Justicia y Paz Los Teques
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) 

lunes, 2 de diciembre de 2013

Un reto para la Defensoría del Pueblo, proteger la dignidad de las personas con VIH

Acción Ciudadana Contra el SIDA
@ACCSI_VIHSIDA

La Defensora del Pueblo Gabriela del Mar Ramírez anunció en agosto que su despacho presentaría a la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley sobre el derecho de las personas con VIH y SIDA a no ser discriminadas en ningún ámbito, con la finalidad de promover y proteger su derecho a la igualdad.

La noticia fue bien recibida y obtuvo el contundente respaldo de quienes viven con el VIH, sus familiares y parejas, al igual que las organizaciones de la sociedad civil y otros movimientos sociales, de instituciones públicas y del sistema de Naciones Unidas que trabajan arduamente en esta compleja área social en Venezuela. El anuncio oficial responde a las numerosas solicitudes efectuadas en el transcurrir de los últimos 30 años y a partir que se inició la epidemia del VIH/SIDA en el país.

Una vez aprobada por el parlamento, la nueva ley será un reconocimiento oficial de la importancia a respetar los derechos humanos en la respuesta al VIH/SIDA y a la condición especial de vulnerabilidad frente al virus que tienen las poblaciones más afectadas y prioritarias en la política pública en esta materia.

También será una muestra de voluntad política del Estado en asumir su obligación de responder a la gravedad del impacto y al enquistamiento de la discriminación y el estigma relacionados con el VIH, el género, la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en los distintos ámbitos de la sociedad venezolana.

Como es bien sabido, la discriminación es el mayor obstáculo en las acciones de prevención, atención y tratamientos en VIH, lo que impide que las personas y aquellas que pertenezcan a algunos de las poblaciones asociadas al VIH, ejerzan y disfruten libremente sus derechos. La discriminación por VIH es el producto del miedo, el temor, la desinformación, el rechazo y trato desigual, la violencia, el dominio del poder, el machismo y la homo-lesbo-bi-transfobia.

La discriminación se materializa contra las personas con VIH cuando se les niegan la atención médica o las maltratan en los centros de salud públicos y privados, las despiden injustificadamente de su lugar de trabajo, las privan de la maternidad y paternidad, e impiden acceder y permanecer en las instituciones educativas y deportivas. La condición de VIH es utilizada como la gran e inmoral justificación de las empresas aseguradoras para negarse a establecer contratos de seguros vinculados con la salud y no pagar las indemnizaciones a sus clientes con VIH.

Por tanto, la ley debería fomentar la adopción de medidas positivas a favor de las personas con VIH para que se garantice la igualdad de forma real y efectiva, para evitar que sean conducidas a la muerte social, tal como hoy sucede con nuestros jóvenes con VIH, a quienes se les trunca el futuro cuando se les cierran las oportunidades a seguir estudiando y a conseguir o permanecer en su primera experiencia laboral.  

Es esencial que la ley se enfoque en la prevención y protección de las poblaciones afectadas por el VIH/SIDA, tomando en cuenta sus demandas y especificidades para contrarrestar la vulnerabilidad de cada grupo poblacional.

Un ejemplo es el drama de la exclusión histórica que viven en carne propia junto con sus parejas y familias las personas de la diversidad sexual, las personas que ejercen el trabajo sexual, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad y las personas usuarias de drogas, que aunado al VIH son doblemente discriminadas, perseguidas y humilladas aún en democracia.

Otra de las poblaciones afectadas son las embarazadas con VIH y sus bebés, quienes requieren ser protegidos de la discriminación y asegurarles que no ocurrirá la transmisión del VIH antes, durante y después del parto, y así evitar lo que anualmente sucede, como son los inadmisibles nacimientos de más de 600 niñas y niños infectados con VIH, bajo la mirada y el silencio cómplice del sistema público sanitario.


Estas y otras tantas razones justifican la importancia de esta ley, porque se logrará finalmente legalizar y reconocer la igualdad de todas las personas con VIH, sus familiares y parejas en la República Bolivariana de Venezuela. ¡Señora Defensora del Pueblo esperamos por usted!!!.