Comunicados sobre DDHH

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Exámen Periódico Universal Vzla

La información sobre el mecanismo de la ONU para monitorear compromisos de DDHH del Estado venezolano

Periodismo en derechos humanos

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Informes sobre DDHH en Venezuela

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lunes, 27 de mayo de 2013

Los Defensores/as de DD.HH

Vicaría de DD.HH de Caracas

Nuestra sociedad cada día es más compleja, pensábamos que los cambios prometidos iban a ayudarnos a generar mayor humanización a la sociedad y a las instituciones, pero no ha sido así, las estadísticas de muertes y de violencia generalizada indican otra cosa, podemos buscar muchas justificaciones hasta llegar a decir que esta situación es efecto de la realidad que se vive en el mundo entero, pero nada puede justificar la muerte de inocentes y el resquebrajamiento de la dignidad humana, de sus derechos inalienables como la vida, la libertad, la paz. Somos un país democrático que anida en su corazón una constitución plena de buenos deseos para la convivencia humana, pero poco ejercida en sus núcleos fundamentales.

Ciertamente nos encontramos en un contexto histórico de deshumanización, oportuno para volver a recordar y renovar nuestras opciones ante la promoción, dignidad y defensa de la vida, la libertad, la paz, la justicia, que nos lleva responsablemente a un compromiso por la promoción y protección integral de los derechos humanos.

Dignidad que implica respeto a sí mismo como a los otros, por el reconocimiento que toda persona posee características que la elevan por encima de los otros seres. La dignidad humana es el más alto reconocimiento que persona alguna pueda tener, de allí parte el orden social, porque ninguna ley u ordenamiento jurídico provee a la persona de dignidad, sino que la reconoce y promueve.

Sentir la grandeza del ser humano en sí mismo, provoca la animación de su defensa y promoción, pero esto lleva un orden y un método, y no se puede hacer de cualquier forma, se hace desde los aspectos que la ciencias sociales y jurídicas nos indican. Quienes asumen este desafío son conscientes de lo que ello representa y corren el riesgo de ser mal interpretados, perseguidos e injuriados, sabiendo que estamos en una sociedad donde la impunidad está a la orden del día y donde los procesos, sean cuales sean, no caminan por las veredas naturales.

Es necesario reconocer la labor que realizan los defensores y defensoras de los Derechos Humanos en nuestro país, principalmente en la protección de personas o de grupos de personas que se les hayan violentado sus derechos humanos, de la denuncia pública de las injusticias que afectan a la sociedad y el control ciudadano que ejercen sobre los funcionario públicos y las instituciones democráticas. Ninguna de estas tareas es fácil en medio de la realidad de violencia que vive nuestro país. Los hechos corroboran esto: 76 casos que afectan a 92 víctimas en el año 2011, según el Informe de la Vicaría sobre la Situación de los Defensores/as de DD.HH, dicen mucho de lo que sucede en nuestro país. Se violan los derechos humanos no sólo a las víctimas, sino también a sus defensores, que nos indica el enraizamiento de las injusticias que hacen menos eficientes los valores democráticos de nuestro pueblo. Esto es totalmente contradictorio para una democracia, porque el respeto a los derechos humanos es elemento esencial para la existencia de la misma.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos son personas que tienen dignidad en sí mismas, que son merecedoras de respeto no sólo por ser ciudadanos, sino también por realizar una labor a favor de otros, conocidos o desconocidos, sin mirar su condición. Involucrarse con la historia de vida de otro ser humano o grupo de seres humanos, desde una perspectiva que va más allá de la filantropía para internarse en el mundo de los valores, de la conciencia, de la ética, de la responsabilidad, es una labor loable y digna de admiración. Los derechos y la ley están de esta manera al servicio de otros.



vicariaddhhcaracas@gmail.com

lunes, 20 de mayo de 2013

Patria Segura, Derechos Humanos en riesgo


Provea

El artículo 332 de la Constitución establece que “los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil”. Provea apoyará toda medida que se oriente a garantizar seguridad ciudadana siempre y cuando esté en el marco de la Constitución. “Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.

En la investigación especial “15 años sobre DDHH: Inclusión en lo social, exclusión en lo político, incluida en el Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de Provea, se refleja que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron responsables, entre los años 1997 y 2011, de 301 víctimas de violación al derecho a la vida en el país. Sólo en el año 2012 de las 164 víctimas de violación al derecho a la vida, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue responsable de 13 víctimas (8 de la Guardia Nacional Bolivariana y 5 del Ejército). Estas cifras pudieran aumentar dramáticamente tras el anuncio e implementación de la militarización de la seguridad ciudadana.

Históricamente Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos del país, han rechazado la participación de funcionarios militares en operativos de seguridad ciudadana y de control del orden público. Como bien recordó recientemente Alfredo Ruiz, miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, entre los años 1994 y 1998 se instalaron en los estados Zulia y Apure Teatros de Operaciones donde el Ejército realizó labores policiales, con saldos muy negativos para los derechos humanos. La sentencia contra Venezuela por el caso “El Caracazo”, emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instaba al país a utilizar a los funcionarios militares solamente en situaciones extraordinarias, donde hayan sido sobrepasados los cuerpos policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas no han sido capacitados para realizar este tipo de labores. Al contrario, están entrenados física y psicológicamente para la guerra y para el exterminio del otro al que perciben como “enemigo”.

La decisión de militarizar la seguridad ciudadana es absolutamente contrario a la filosofía de la Misión “A Toda Vida”, la cual promovía la necesidad de un nuevo modelo policial cuyo eje fuera el uso progresivo de la fuerza por parte de los uniformados. Es mala señal que la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro se haya iniciado avalando la tesis de la necesidad de la “mano dura” contra la inseguridad.

Enfrentar el grave y complejo problema de inseguridad necesita del mayor de los consensos para el diseño de una política multidimensional y democrática para revertirlo. En primer lugar teniendo la suficiente voluntad política para reformar el sistema de administración de justicia y atacar los altos niveles de impunidad presentes en el país, los cuales a juicio de Provea constituyen, junto a la situación de pobreza de amplios sectores de la población, dos de los mas preocupantes violaciones a los derechos humanos en el país. Las políticas sociales focalizadas deben coordinarse con otras medidas dirigidas a los problemas estructurales de exclusión entre nosotros, asegurando el acceso universal de toda la ciudadanía a servicios básicos, de educación y salud de calidad. Todos los ejemplos exitosos de políticas de seguridad implementados en la región han tenido como precondición grandes y amplios consensos entre todos los actores sociales, económicos y políticos del país. Si el Ejecutivo Nacional ha demostrado su voluntad de reunirse y dialogar con el sector privado para abordar la situación de desabastecimiento alimentario, esta misma iniciativa puede y debe realizarse para el diseño de una política de seguridad ciudadana con metas a corto, mediano y largo plazo.

Desde Provea esperamos que no sean los previsibles excesos de los funcionarios militares en labores de seguridad ciudadana lo que lleve a rectificar las últimas decisiones en la materia. Por otra parte el Ejecutivo debe garantizar, para esta y todas las áreas de gobierno, el acceso a la información pública que permita a la ciudadanía ejercer su derecho constitucional a la contraloría social. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia forma parte del grupo de 18 ministerios que no publican ningún tipo de informe de gestión o memoria y cuenta en su portal web institucional.

Provea invita a todos y todas las interesadas en descargar de manera gratuita su Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela desde su sitio web: http://www.derechos.org.ve 

@_provea

lunes, 13 de mayo de 2013

Venezuela: 5 formas de castigo a la libertad de expresión


Espacio Público

Desde hace 20 años la Organización de Naciones Unidas (ONU) conmemora el 3 de mayo, el Día mundial de la libertad de prensa para "fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática". Este año el lema de la conmemoración fue “Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”.

En el caso de Venezuela destacamos 5 patrones principales en los modos de reprimir la libertad de expresión, obtenidos a partir de la documentación de los casos registrados en el año 2012.
1.       Descalificación y hostigamiento verbal.

Los medios y periodistas críticos, independientes o de oposición son sistemáticamente descalificados en las diversas plataformas de comunicación gubernamental, a través de discursos intimidantes de funcionarios, y la divulgación de aspectos de la vida privada para descalificar. Esas difamaciones configuran un patrón recurrente en muchos medios públicos, extendiéndose a las redes sociales, y ejecutándose también con mensajes de texto y de voz a teléfonos personales.

2.       Agresiones físicas y ataques
La violencia contra medios y periodistas es consecuencia de la descalificación recurrente en un contexto de polarización aguda. En el año 2012 registramos un total de 84 agresiones y ataques. Durante la cobertura electoral aumenta la probabilidad de agresiones y ataques por partidarios del oficialismo o de la oposición, según el medio de comunicación para el que trabajen los periodistas. Una característica de estos hechos es que la violencia no tiene costo para los victimarios, es decir, se vive una impunidad estructural.

3.       Intimidación:
Durante el año 2012 aumentaron en un 22 % las denuncias asociadas a la intimidación de los periodistas y medios. Los casos registrados incluyen desde la divulgación de los viajes e itinerarios de algunos comunicadores, hasta mecanismos de requisa extraordinaria para la cobertura de temas relativos a contaminación ambiental en Monagas o el tema hospitalario en Aragua. Uno de los casos con mayor visibilidad fue el del periodista argentino Jorge Lanata, quien fue interrogado por una hora al ingresar al país; y, a su salida, fue requisado y detenido en el aeropuerto de Maiquetía por 3 horas. Según Lanata “fue un mensaje: te estamos mirando…”.

4.       Censura
La censura visibilizada sumó 53 casos en el 2012: un 83 % de aumento en comparación al 2011. Registramos desde llamadas a medios audiovisuales para que eliminen la programación a un determinado productor independiente, y visitas de “advertencia” por parte de autoridades regionales; hasta mecanismos de presión indirectos por la distribución de las pautas publicitarias. Es sin duda uno de los detonantes de la autocensura.

5.       Internet
Los ataques de crakeos con indicios de implicaciones con los órganos de inteligencia estatal aumentaron significativamente hasta alcanzar 51 casos. En algunos casos, parte de la información obtenida por estas usurpaciones, fue difundida en medios gubernamentales con el objeto de descalificar públicamente las víctimas. Igualmente se registran casos de bloqueos arbitrarios de acceso a sitios web por parte de los proveedores de servicios de Internet.
La posibilidad de hablar sin riesgo es una tarea pendiente para la sociedad venezolana. Se debe entender que el ejercicio de este derecho incluye no ser molestado por la información que emite,  y que los victimarios deben pagar algún costo por hacerlo. 

 

martes, 7 de mayo de 2013

Nuestra Ley Antiterrorista fue sugerida por el FMI

Provea
“Los regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del marco financiero mundial”. Las anteriores son palabras de Min Zhu, economista chino y director del Fondo Monetario Internacional en la introducción general de su documento “El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Como explica este organismo multilateral, a partir del año 2001, tras el ataque a la Torres Gemelas de Nueva York, el FMI intensificó sus actividades para prevenir todas las actividades económicas que sustentaran las actividades terroristas que pudieran entorpecer el flujo de capitales a nivel mundial. En el año 2009 crearon un “fondo fiduciario” para financiar la asistencia técnica en lavado de dinero (ALD) y financiamiento al terrorismo (LFT): “A lo largo de los últimos 12 años, los esfuerzos del FMI en este ámbito han ayudado a definir las políticas ALD/LFT internacionales, y abarcan más de 70 evaluaciones ALD/LFT y numerosos proyectos de asistencia técnica e investigación”. 

Estas iniciativas del Fondo se encuentran coordinadas con otras instancias, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), un organismo intergubernamental integrado por 36 miembros y creado en la reunión del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en 1989 en París. El GAFI está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, funcionando en estrecha colaboración con otros organismos internacionales fundamentales, como el propio FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos regionales. En sus propias palabras “Para definir las medidas que los gobiernos nacionales deberían adoptar a fin de aplicar programas ALD/LFT eficaces, el GAFI emitió una lista de recomendaciones, que constituyen un marco básico, de aplicación universal, de medidas relativas al sistema de justicia penal, el sector financiero, ciertas empresas y profesiones no financieras y mecanismos de cooperación internacional. En febrero de 2012, se revisaron y actualizaron esas recomendaciones (las recomendaciones del GAFI). La labor del GAFI y el FMI en la campaña ALD/LFT ha sido avalada por el G-7 y el G-20”. De hecho, el propio FMI elaboró un manual para redactar este tipo de normativa, que puede encontrarse en http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/

Toda esta introducción es pertinente para demostrar que la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo” aprobada por la Asamblea Nacional hace apenas un año, y que tras la orden de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz se ha comenzado a aplicar contra los manifestantes detenidos en el país, es una consecuencia de las recomendaciones de los organismos multilaterales que, en el discurso, el Ejecutivo Nacional tanto cuestiona. Tanto es así que el ex ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, celebró en febrero de 2013 que el GAFI haya reconocido los esfuerzos del gobierno bolivariano en la materia: “Esto quiere decir que producto de nuestros avances, desarrollados a través de un compromiso político de nuestro Gobierno, acabamos de salir de la denominada lista gris. Esto forma parte de nuestro compromiso internacional, con la finalidad de fortalecer el sistema de la prevención, control y fiscalización de la legitimación de capitales y contra el financiamiento del terrorismo".

Como ha sido denunciado en todos los países de la región con legislaciones similares, la Ley Antiterrorista contiene definiciones ambiguas y discrecionales de lo que es “terrorismo” y “acto terrorista” y rápidamente, como ya es el caso venezolano, comienza a ser aplicada a manifestantes por derechos sociales y políticos. El caso emblemático, por lo absurdo, lo constituye Yendrick Sánchez, el joven exhibicionista mediático que por interrumpir el acto de proclamación del presidente Maduro ha sido trasladado a la cárcel de Coro y, acusado de delitos tipificados en la Ley Antiterrorista, se enfrenta a una posible condena de entre 1 y 6 años de prisión. Provea sostiene que esta normativa constituye un nivel superior de la política estatal de criminalización de la protesta en el país.  


Provea tiene el placer de invitar a la presentación de su Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. El evento se realizará el próximo jueves 09 de mayo, a las y 50 de la tarde, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de Caracas.