Comunicados sobre DDHH

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lunes, 25 de febrero de 2013

Presidente, ¿hasta cuándo Afiuni?


Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Foro por la Vida

El pasado 14 de febrero la ONU dio a conocer un nuevo comunicado exigiendo la libertad inmediata de la Juez María Lourdes Afiuni. A los tres órganos independientes de derechos humanos que habían hecho ya dos llamados anteriores – Detenciones arbitrarias, Defensores de derechos humanos e Independencia de jueces y abogados – se suman ahora otros dos que, por sus mandatos, generan una alarma adicional, pues se trata del Relator sobre la Tortura y la Relatora sobre la violencia contra la mujer.
Es inadmisible que las autoridades venezolanas no actúen con la debida diligencia para investigar los actos perpetrados contra la Jueza Afiuni”, afirmó Rashida Manjoo, a cargo de la Relatoría sobre la violencia contra la mujer. Y es que inadmisible es el calificativo mínimo que le corresponde a la actitud concertada de negación y amenaza con que reaccionó el Estado venezolano – por boca de 6 voceras, todas mujeres – ante las revelaciones hechas por la Juez a finales de noviembre de 2012 sobre los abusos sufridos durante su detención en el INOF.
La unánime negativa de los hechos denunciados fue seguida de un citatorio a Afiuni para que confirmara sus revelaciones, ante el mismo fiscal que el día anterior la había acusado formalmente en el juicio en ausencia recién iniciado. Afiuni se negó a prestarse al innecesario trámite, alegando que ya había presentado una denuncia contra la entonces directora del INOF, en noviembre de 2010. Inmediatamente después de abandonar el despacho fiscal, el Ministerio Público colocaba en su web una nota de prensa afirmando maliciosamente que Afiuni había renunciado a su derecho a realizar la denuncia, obviando que la misma debe ser procesada de oficio, por haber sucedido en un recinto penitenciario y estando comprometidos funcionarios.
Tres días después de este citatorio, la Ministro de Servicios Penitenciarios exhortó a la exdirectora del INOF a emprender acciones contra Afiuni en calidad de agraviada y a mediados de diciembre Afiuni recibe en su vivienda una boleta de notificación relacionada con la solicitud de sobreseimiento de la denuncia realizada contra dicha funcionaria dos años antes. Es decir, se pretende sobreseer una denuncia que nunca fue investigada y convertir a Afiuni en agraviante de sus agresores. Inadmisible.
La juez Afiuni cumplió el 10 de diciembre 3 años de detención, por lo que sus abogados presentaron una moción oral en la audiencia de juicio correspondiente al día 19 de ese mes. El cálculo era simple: tres años privada de libertad; la pena mínima del delito mayor es de tres años, por tanto, no puede seguir detenida. Sin embargo, la titular del tribunal 17 de juicio, tras pedir un receso de una hora para resolver, volvió a la sala para informar que decidiría en enero, sin fijar fecha, dada la “complejidad” de la decisión. Cualquier abogado con un mínimo conocimiento del COPP y de matemáticas, habría podido sacar la cuenta de inmediato.
El 14 de enero el tribunal negó la solicitud de cese de la privación de libertad, tomando como referencia una decisión de la Corte de Apelaciones que toma como base de cálculo un delito inexistente, con una pena mínima de cinco años, en vez de los tres que realmente corresponden. Se trata de un error judicial inexcusable que la titular del tribunal 17 despachó con un sencillo “pueden apelar”. De nuevo, inadmisible.
A los ojos de la comunidad internacional, Afiuni se ha convertido en un ícono de la lucha por la independencia de la justicia. Condenada en cadena nacional de radio y TV en franca violación del principio de presunción de inocencia, ultrajada por sus carceleros, con una precaria salud, mantenida arbitrariamente en detención por un error judicial inexcusable y sometida a un inconstitucional juicio en ausencia donde, curiosamente, todos los testigos han dado fe de la legalidad de la decisión que la mantiene prisionera.
Va a resultar muy difícil para el Estado venezolano defender sus acciones y omisiones en el caso Afiuni en una próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos del cual ahora forma parte. Ya son cinco los expertos que exigen la libertad inmediata e incondicional de Afiuni.
¿Hasta cuándo Afiuni, Presidente?

lunes, 18 de febrero de 2013

La solidaridad al banquillo


Provea
Foro por la vida

Para el día 18 de febrero se encuentra pautado el reinicio del juicio contra la Sociedad Homo Et Natura y Provea por haber prestado apoyo, y solidaridad, a la vigilia que el pueblo indígena yukpa realizó frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas. Como se recordará, en julio del 2010 menos de un centenar de yukpas, provenientes de la Sierra del Perijá, comenzaron a pernoctar en las puertas del principal tribunal del país para exigir celeridad procesal. Meses antes, en febrero, representantes legales de dos caciques de la etnia introdujeron una acción de amparo constitucional para invocar la aplicación del artículo 260 de la Constitución, el cual expresa “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base a sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes…”. El motivo de la interpelación fue la detención de tres indígenas acusados de estar vinculados a los homicidios ocurridos el 12 de octubre de 2009, producto de un enfrentamiento dentro de una finca, la cual había sido ocupada para presionar al Estado venezolano por la celeridad en el proceso de demarcación de tierras. Por tanto, la protesta indígena frente al TSJ no era un hecho casual, sino consecuencia de dos omisiones gubernamentales: Los nulos avances en el proceso de demarcación de tierras indígenas y el retardo procesal en dar respuesta a la acción jurídica.

Como se denunció en su momento, los indígenas permanecieron varios días en la vigilia sometidos a hostigamientos de las autoridades. El 22 de julio funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPDNA) amenazaron con el retiro del lugar de los niños, niñas y adolescentes de los brazos de sus madres y representantes, para supuestamente salvaguardar su integridad física. Por insólito que parezca, esta es la base de la demanda contra las dos organizaciones defensoras de derechos indígenas.


Provea entiende que el trabajo de  garantizar el disfrute de la dignidad humana, para todos y todas, pasa obligatoriamente por fortalecer la autoorganización y autonomía de los sectores populares en el reclamo de sus derechos. Por ello Provea reseñó y reivindicó en su página web la toma del tribunal. Entrevistó a integrantes del pueblo indígena y convocó a la solidaridad activa con los yukpas. Ese hecho, informar y además expresar nuestra solidaridad  con la lucha de los Yukpa, según el expediente, también son motivos de juicio.

A pesar de los continuos descalificativos, las campañas de desprestigio y las amenazas de todo tipo, incluyendo las judiciales, Provea continuará de lado de las víctimas. Sin embargo, no es la sanción contra nuestra organización, del tipo que sea, el asunto que más nos preocupa. Una sentencia condenatoria constituiría una jurisprudencia en contra de la posibilidad que los pueblos indígenas de Venezuela ejerzan su derecho a la protesta. Como cualquier estudiante de antropología del primer semestre conoce algunas comunidades indígenas, como es el caso de los Yukpa, actúan teniendo siempre a la unidad familiar como eje de sus acciones.  Acusar a los indígenas Yukpa de utilizar a sus niños como escudos humanos es, sencillamente, desconocer su cultura y cosmovisión. ¿Por qué esos funcionarios no se preocuparon y preocupan por las carencias que los indígenas tienen en sus hábitats? ¿Por qué no una acción de protección para exigir al Estado les garantice mejor calidad de vida?


Una extraña paradoja ha hecho que los mismos argumentos contra la lucha Yukpa sean los que el Estado chileno ha utilizado contra los indígenas mapuches. Por otra parte, el juicio será una nueva oportunidad para visibilizar los problemas estructurales padecidos por las comunidades originarias del país: El estancamiento de la demarcación de sus territorios; la ausencia del derecho de consulta previa, libre e informada; el impacto de la explotación energética en sus territorios y la presencia de militares y otros actores armados en sus territorios.

miércoles, 13 de febrero de 2013

Las dos caras de un gobierno que viola los DDHH

Comité de Víctimas contra la Impunidada del Estado lara COVICIL
Foro por la Vida
 La aparición de los restos de Noel Rodríguez y la reapertura del expediente del asesinato de Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón” y de otros activistas políticos de las décadas de los 60, 70 y 80, ha sido el gran pretexto para la nueva campaña gubernamental que, como todas, sólo pretende ocultar las violaciones a los DDHH que hoy se cometen y sobre todo lavar el pasado criminal de muchos de sus actuales líderes.
Tratando silenciar estas realidades, el gobierno recurre al espectáculo mediático para entregar los restos de Noel en la Asamblea Nacional, la misma asamblea donde el diputado del partido oficialista Roger Cordero, les recuerda tenazmente a los familiares de los asesinados en la masacre de Cantaura, que la impunidad para la élite gobernante sigue siendo la norma.
Asimismo el gobierno auspicia y apoya al actual gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín cómplice del brutal policía Henry López Cisco en la masacre de El Amparo y Los Amparitos, hechos sancionados desde 1994 por la CIDDHH, gracias a la perseverancia de PROVEA. Pero, para que no quede duda del apoyo político e institucional a la impunidad, la Fiscalía General apertura un juicio penal contra esta ONG y contra Homo Et Natura, por defender los derechos de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá, donde las comunidades de la zona solo han recibido de este gobierno, de su ejército y de los terratenientes, represión, asesinatos y prisión.
 Los voceros oficiales se lavan la cara con la llamada “Comisión de la Verdad”, pero encubren vergonzosamente a los militares que masacraron al pueblo de Caracas en febrero-marzo de 1989, muchos de ellos altos dirigentes del gobierno actual, y criminalizan la labor de COFAVIC, organización que a lo largo de más de 20 años acompaña a estas víctimas en su lucha por acceder a una justicia que aún no llega.
Resulta decadente que, usurpando la figura de Nohel Rodríguez, la fiscal se llene la boca enarbolándose como defensora de DDHH y mire para otro lado cuando caen abatidos –en menos de 24 horas- más de sesenta venezolanos en una requisa carcelaria gracias a la nefasta gestión de su colega, la Ministra Iris Valera. Todavía los familiares de las víctimas de la masacre de Uribana siguen exigiendo información sobre el destino de los reclusos desaparecidos, sin que ninguna autoridad oficial sancione la más sanguinaria acción genocida cometida por gobierno alguno en la historia penitenciaria de este país.
Pero los hechos son testarudos. Más allá del despliegue mediático y del rimbombante discurso oficial, la brecha de la impunidad se extiende lacerando la vida de incontables venezolanos asesinados, extorsionados o secuestrados impunemente por los cuerpos policiales y militares, lo cual prueba fehacientemente la verdadera esencia militar-policiaca de un Estado- gobierno forajido. Esto no podrán ocultarlo utilizando como moneda de cambio la memoria de los hombres y mujeres que ayer lucharon por una sociedad de igualdad, trabajo, democracia y de pleno respeto y vigencia de los DDHH.
 El Comité de Víctimas Contra la Impunidad del Estado Lara aún espera de la Fiscalía General un mínimo gesto de atención a las denuncias de cientos de casos de violaciones a DDHH perpetrados bajo el mandato de Luis Reyes Reyes, y por una investigación que revele la autoría intelectual del sicariato contra nuestro compañero Mijaíl Martínez. En esta oportunidad, nos unimos al clamor de la madre del joven liceísta vilmente asesinado el 28.01.2013 por funcionarios de la Policía del municipio Iribarren que, violando el recinto educativo, le propinaron dos disparos por la espalda.
 Reiteramos nuestro compromiso con las víctimas exhortándolas a que colectiva y organizadamente transformemos el duelo privado en protesta social, contra todo intento de silenciar las violaciones a los DDHH que padecemos día a día y que con tanto afán se empeña en ocultar este gobierno que garantiza la impunidad a sus funcionarios, condenando a la mayoría, débiles jurídicos, al sicariato, la muerte “en enfrentamiento”, la criminalización y la cárcel.
Covicilcovicil@yahoo.com

lunes, 4 de febrero de 2013

2012: Año electoral con libertad restringida

Espacio Público
Foro por La Vida
El pasado año 2012, se realizaron elecciones nacionales y de gobernaciones con un contexto restrictivo para las garantías para la libertad de expresión. Una tendencia consecuente con el patrón que establece una relación directa entre el aumento de los ataques a la libertad de expresión y la realización de elecciones. Es decir en los tiempos en que el Estado está obligado a mayores garantías para la libertad de expresión aumentan los atropellos.
Gráfico de restricciones a la libertad de expresión en años electorales



Las violaciones y el número de casos registran un aumento sostenido en el 3 últimos años y el 2012 es el segundo año en el número de casos después del año 2009, que el año en se realizó el referendo aprobatorio de la enmienda constitucional. El año 2012, registramos 248 violaciones a la libertad de expresión en un total de 169 casos, ello evidencia un incremento de 22% con respecto al año anterior en el mismo lapso cuando se registraron l39 casos.
Los tipos de denuncia o patrones de violaciones registrados con mayor frecuencia, fueron: Agresión (24,6%), Intimidación (22.5%) y Censura (21.3%). De igual forma, persiste la existencia de un patrón de descalificaciones, insultos y amenazas hacia los medios de comunicación y periodistas que ejercen su labor de manera independiente o que son críticos a la gestión gubernamental. Estas descalificaciones son sistemáticamente difundidas en los medios gubernamentales y también por parte de altos funcionarios públicos.
Por otra parte, el responsable directo del 61% de las violaciones a la libertad de expresión documentadas, es el Estado Venezolano. Un fenómeno evidente es el proceso de expansión de los ámbitos restrictivo desde la capital hacía las regiones. En los estados aumentan significativamente el número de casos y se percibe de manera más directa las inhibiciones y el menor vigor en el debate público. Así el número de los casos en Barinas (15 casos), Carabobo (13 casos) y Monagas (11casos) superó los 10 casos para cada estado.
Igualmente en el transcurso del año 2012, observamos una recurrente violación a la privacidad de las comunicaciones electrónicas que afectaron a numerosos activistas de derechos humanos, personalidades, políticos, periodistas y usuarios en general. La usurpación de identidades, la intervención de correos electrónicos, la impunidad recurrente y la divulgación de mensajes en los medios públicos se convirtió en hecho que violentó simultáneamente la privacidad y el derecho a libertad de expresión.
Las cuentas en redes sociales constituyen medios de comunicación personales y al mismo tiempo tienen una importante audiencia que recurre a ellos ante la percepción de una información afectada por las barreras que se construyen desde el poder político.
Las evidencias apuntan a que estas intervenciones eran ordenadas por los servicios de inteligencia del Estado venezolano y se colocaban al servicio de prácticas políticas ilegales del partido de gobierno. La omisión de Ministerio Público es una práctica inexcusable lo que contribuye a fortalecer las evidencias de esa relación entre estos hechos y determinados intereses políticos partidarios.
La descripción de lo acontecido en el año 2012, muestra las políticas restrictivas que pretenden imponerse desde el poder político y al mismo tiempo la voluntad de seguir comunicando que mantienen medios y periodistas venezolanos. Es la historia cotidiana del pulso que vive la sociedad entre la diversidad natural de la democracia y la monotonía del pensamiento único.