lunes, 28 de mayo de 2012

Tareas urgentes contra la violencia de género

Foro por la Vida. Observatorio DDHH Mujeres

Vivimos un veloz deterioro de la convivencia ciudadana y una expansión incontrolada de la violencia social, dentro de la  que se inserta la violencia contra las mujeres. Requerimos un cambio de la política dominante de exclusión y centralización por otra de inclusión y  descentralización en la que se incorporen todas las instancias  interesadas y pertinentes:  gubernamentales, no gubernamentales y académicas  a la formulación, evaluación y seguimiento de leyes, planes y programas necesarios, de tal manera que los derechos humanos de las mujeres consagrados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW- y en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999 no sean letra muerta, sino realidad tangible y comprobable, más allá de las manipulaciones publicitarias y retóricas.

Una referencia especial merece la desaparición de la antigua Comisión Bicameral de la Mujer del extinto Congreso Nacional, lo cual produce un vacío en la Asamblea Nacional que afecta la  elaboración e implementación de las políticas públicas de igualdad y no discriminación contenidas en la Constitución Nacional.

 Entre las tareas urgentes planteadas a este nivel están: Reformas del Código Penal y Código Civil para adecuarlos a la Constitución; Reforma de la Ley de Seguridad  Social  para que incluya los beneficios de la Seguridad Social a  todas las Amas de Casa aunque lo contemple la LOTTT; incorporación de la Paridad a la Ley del Sufragio y Participación Política y Ley de Partidos Políticos y el Monitoreo y Seguimiento a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las 45 Organizaciones No Gubernamentales que formamos el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres reiteramos nuestra  aspiración a que los organismos públicos venezolanos responsables de las políticas de igualdad y no  discriminación apliquen cabalmente la CEDAW, la Constitución, fortalezcan la eficiencia de su institucionalidad y se abran al diálogo democrático y plural a favor  de los derechos humanos de todas las niñas y mujeres venezolanas y  a los aspirantes  a ser electos/as  nuevas Autoridades Nacionales , Regionales y Municipales  se comprometan con las Mujeres de Venezuela a  garantizarles ciertamente  el  Derecho  a la Igualdad y No discriminación  y a una Vida Libre de Violencia .
Señalaremos las  Tareas Urgentes  que  de acuerdo a la Ley  corresponden a las Autoridades Ejecutivas Nacionales, Regionales y Municipales, para que las Venezolanas  accedan a  una Vida Libre de Violencia:
1.       Elaborar e implementar un Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de Género que incluya la prevención y atención  a  la violencia contra las mujeres.

2.        Elaborar y aprobar el  Reglamento de la Ley  Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres  a una Vida libre de Violencia, a fin de unificar los procedimientos de atención y manejo de casos.
3.       Asignar presupuesto suficiente a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, regionales y locales, que apoyan a las mujeres víctimas de violencia
4.       Garantizar el Acceso a la Justicia y el Derecho de las Mujeres a Vivir sin Violencia creando suficientes: Fiscalías especializadas en materia de Violencia, Tribunales de Violencia contra las Mujeres, Centros de Prevención y Atención a las  Mujeres Víctimas de Violencia  y Casas de Abrigo.
5.       Ejecutar planes de formación sistemáticos y formales, que incluyan seguimiento y evaluación, dirigidos a las y los funcionarios del  Sistema de Protección de la Violencia contra las Mujeres.
6.       Desarrollar un sistema de información confiable que registre la data sobre la situación de las mujeres en Venezuela, desagregada por sexo.
7.        Incorporar la rendición de cuentas de los organismos públicos venezolanos responsables  de las políticas de igualdad y no discriminación de las mujeres, de forma transparente y pública  y dotar de recursos institucionales a las organizaciones no gubernamentales que tienen  como misión prestar  servicios y  ejercer la contraloría social.

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